Mi nombre es Mirta Masid, trabajo como administrativa en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y soy investigadora en la misma Universidad. Además realizo un trabajo comunitario en un barrio periférico de la ciudad de Mar del Plata, donde resido. Me reservo el nombre del barrio para evitar represalias a los vecinos, en relación a lo que quiero denunciar.

Cada vez que hay un robo y se sospecha de alguien del barrio en cuestión, la policía realiza allanamientos en varias viviendas. En esas viviendas, además de los sospechosos viven menores. El allanamiento presenta siempre las mismas características, la policía llega muy temprano a la mañana, generalmente cuando la gente todavía duerme, patean las puertas, sacan a todos, menores y mayores afuera de la casa, estén vestidos o no, estén calzados o no, con cualquier clima; esposan a los varones mayores, los tiran al piso, maltratan verbalmente a todo el mundo, y la mayoría de las veces el maltrato llega a la agresión física. Los menores, de distintas edades presencian una y otra vez estos actos de violencia, sienten terror, se hacen pis encima, lloran y observan como sus casas son saqueadas buscando objetos robados que nunca se encuentran, porque evidentemente, la policía sabe quién fue el autor o los autores del robo, ya que ellos mismos llevan su parte, pero necesitan alardear de cumplir con su deber, y para eso, para hacerse visibles, ejercen cobardemente los actos de violencia señalados.

Yo pregunto si hay alguna autoridad a nivel nacional, provincial o municipal, que tenga el poder, o la capacidad de usarlo, para impedir la aplicación de estos métodos reiterados y retrógrados por parte de las llamadas “fuerzas del orden”, métodos abusivos y violentos, aún cuando finalmente se compruebe que el sospechoso es culpable. ¿Dónde quedan los derechos que protegen a los menores “sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, posición económica, nacimientos, etc., etc.”? ¿ y el derecho del sospechoso a legítima defensa? Me pregunto también si entran de la misma manera en los country donde la gente “bienuda” comete crímenes impunemente y jamás son acusados de nada.

Mis amigos del barrio tampoco fueron nunca acusados de nada, porque nunca se encontró de qué acusarlos: Sin embargo, cada vez que hay una denuncia de robo cerca del barrio (a pocos metros hay un barrio semicerrado, donde vive la clase media profesional) son los primeros en la mira de la policía y son objeto de todo tipo de injurias y maltrato, en presencia de sus hijos pequeños. El hecho de vivir en un barrio carenciado ya los convierte en sospechosos y da salvoconducto a la policía para lesionar sus derechos y sobre todo a lesionar el futuro de los menores que comienzan a entender desde pequeños que ser pobres los pone siempre en calidad de sospechados, que ser pobres los hace objeto de toda clase de maltratos, físicos y verbales, que ser pobres los somete reiteradamente a situaciones de inseguridad e injusticia.

Esto no es la primera vez que sucede, esto viene sucediendo desde tiempos inmemoriales en la historia del mundo. Y esto se tiene que acabar, porque se habla mucho sobre la violencia que hay dentro de estos barrios, (la de los otros barrios se oculta) pero muy poco de los que desde afuera la ejercen oficialmente. Entonces, espero que esta carta llegue a la vista o por lo menos a oídos de algún gobernante o funcionario lúcido, que se decida de una vez por todas a cambiar estas atrocidades.

Atte.
Mirta Masid (DNI 5.315.820)

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